El presidente regional de ASINCA repasa en esta entrevista la hoja de ruta de la asociación y los retos que el sector tiene por delante.

• LA LEJANÍA: «Una empresa industrial en Canarias tiene costes que una empresa en Madrid o Barcelona simplemente no tiene»
• ARBITRIO: «El AIEM no es solo un instrumento fiscal: es la condición de posibilidad de la industria canaria»
• RESERVA PARA INVERSIONES: «Debe ampliarse con nuevos ámbitos de materialización que favorezcan la inversión en digitalización e innovación»
• LEY: «Canarias es una de las pocas comunidades autónomas que no tiene una Ley de Industria propia»
• SUELO INDUSTRIAL: «El problema clásico de escasez y precio sigue siendo real»

–Hace unas semanas volvió a ser reelegido presidente de ASINCA. ¿Qué objetivos se plantea para el nuevo mandato?

–Esta reelección tiene un significado distinto al primer mandato. Entonces llegaba con la energía de quien estrena un proyecto. Ahora llego con más energía, pero con el conocimiento de quien ha aprendido dónde están los obstáculos reales, qué se puede mover y qué cuesta mover. Eso cambia la forma de trabajar. El mandato 2026-2027 arranca en un contexto de máxima exigencia para el sector industrial canario. Tenemos frentes abiertos simultáneamente que no se pueden atender de forma secuencial: la reforma del REF, la negociación del Marco Financiero Plurianual 2028-2034, el ETS marítimo, la transición energética, la Ley de Industria y el III Congreso de la Industria de Canarias en noviembre. No es posible elegir entre estos temas: todos son urgentes. Si tuviera que identificar el objetivo central de este mandato, lo formularía así: conseguir que la industria sea sector protagonista y relevante en el debate económico canario. Somos el 7% del PIB regional, generamos más de 50.000 empleos directos y más de 120.000 empleos indirectos vinculados, pero en el debate público, seguimos siendo la segunda línea detrás del turismo. Eso tiene consecuencias directas sobre las políticas que se diseñan y los recursos que se asignan. El Plan de Acción 2026-2027 aprobado en la 48ª Asamblea General articula seis grandes líneas de trabajo: la defensa institucional en Bruselas, el marco normativo en Canarias y España, la promoción del producto local a través de la marca Elaborado en Canarias, el liderazgo en la transición ecológica, el impulso al talento y la innovación, y el fortalecimiento interno de ASINCA como organización. No es un documento de intenciones: tiene demandas concretas, interlocutores identificados y plazos.

–Son muchos los retos que tiene por delante ASINCA: Marco Financiero Plurianual, POSEI, Fondos Next Generation… ¿En qué momento están ahora y en qué frentes están trabajando?

–Estamos en un momento crítico en los tres frentes, y los tres convergen en el mismo período, lo que multiplica la exigencia. El Marco Financiero Plurianual 2028-2034 es el más estratégico de todos. La negociación del presupuesto europeo para los próximos siete años determinará la dotación económica de los instrumentos que sostienen a la industria canaria: el FEDER con su tasa de cofinanciación del 85% para las RUP, el POSEI, el REA y el Fondo específico para Regiones Ultraperiféricas. ASINCA está trabajando para que las posiciones del Gobierno de Canarias y del Estado español en Bruselas recojan las demandas específicas del sector industrial además de las del sector primario o el turismo. El POSEI, el Programa de Opciones Específicas por la Lejanía e Insularidad, es el instrumento europeo que compensa las condiciones estructurales de las RUP en materia agrícola y agroalimentaria. Para la industria canaria, su mantenimiento y mejora es esencial porque protege la cadena de valor de sectores como la industria alimentaria y bebidas, que es el primer subsector en empleo y valor añadido de nuestra industria. En cuanto a los Fondos Next Generation, nuestra posición es clara: la industria canaria está infrarepresentada en la distribución de esos fondos. Los proyectos de digitalización e innovación industrial no están recibiendo la prioridad que merecen. Llevamos meses trabajando con el Gobierno de Canarias para mejorar el acceso de las empresas industriales a estos instrumentos. Además de estos tres frentes, tenemos la presión de las ETS marítimas, que desde enero de 2024 ha encarecido hasta un 40% los costes logísticos en determinadas rutas de abastecimiento. Para Canarias, el barco no es una opción de transporte: es la única forma de abastecerse. Que se penalice el coste del barco sin ofrecer ninguna alternativa es una contradicción que ASINCA ha llevado directamente a Bruselas.

–En su Asamblea quedó claro que viene un mandato marcado por las reivindicaciones ante Bruselas.

–Así es, y no es una novedad de este mandato: es la consecuencia lógica de que las decisiones que más afectan a la industria canaria se toman cada vez más en Bruselas y menos en Madrid o Canarias. La europeización de la agenda industrial es un hecho que ASINCA ha asumido hace años y que este mandato consolida. En 2025 comparecimos ante la Comisión de Estudio del Parlamento de Canarias sobre la reforma del REF y éste mismo año llevamos nuestra posición directamente al Comisario Raffaele Fitto, responsable de la política de cohesión y de las Regiones Ultraperiféricas, para defender la necesidad de simplificación administrativa específica para las RUP. Eso no es lobby de pasillo: es defensa institucional basada en argumentos jurídicos sólidos, principalmente el artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. La estrategia en Bruselas tiene tres pilares. Primero, la coordinación con los eurodiputados canarios para que las posiciones de ASINCA tengan eco en el Parlamento Europeo. Segundo, la acción conjunta con las demás organizaciones industriales de las Regiones Ultraperiféricas: Azores, Madeira, Martinica, Guadalupe, Reunión, Guayana Francesa y Mayotte tienen problemas estructurales similares a los nuestros, y una voz conjunta de las RUP tiene mucho más peso que una voz sola. Tercero, la exigencia de que la nueva Estrategia del Mercado Único incluya explícitamente los artículos 349 y 355 del TFUE, que obligan a las instituciones europeas a garantizar la aplicación funcional del Derecho de la Unión en las RUP. La demanda más concreta que llevamos a Bruselas este mandato es la creación de un RUP Test obligatorio: un mecanismo de evaluación previa de impacto de toda norma europea sobre las Regiones Ultraperiféricas antes de su aprobación. No pedimos excepciones permanentes. Pedimos que la norma sepa a quién afecta antes de aprobarse.

–¿Cómo ha evolucionado el peso de la industria en el PIB de Canarias en 2025? ¿Y el empleo?

–Los datos más recientes disponibles corresponden a 2024, con algunas estimaciones provisionales para 2025. El dato más relevante es el de crecimiento: la industria canaria creció un 2,4% interanual en 2024 según el Consejo Económico y Social de Canarias, frente a una media nacional del 0,7%. Eso significa que la industria canaria está creciendo más de tres veces por encima de la media española. No es un dato menor. En términos de peso sobre el PIB, la industria se mantiene en torno al 7% del PIB regional, que con un PIB de aproximadamente 54.200 millones de euros en 2024 según los datos de CaixaBank Research, representa un volumen de actividad económica directa muy significativo. Pero el 7% infravalora el peso real: el efecto multiplicador de la industria es muy superior al de otros sectores. Cada euro de valor añadido bruto generado en la industria moviliza entre 2,5 y 3,5 euros adicionales en el conjunto de la economía. En empleo, los datos son igualmente positivos. Más de 50.000 trabajadores directos y más de 120.000 empleos totales vinculados dependen del tejido industrial canario. Y la calidad de ese empleo es muy superior a la media: la tasa de temporalidad en la industria es la más baja de todos los sectores, la remuneración media supera en un 15-20% la media regional y el nivel de cualificación requerido es significativamente superior al del sector servicios dominante. En 2025 aún no tenemos los datos consolidados, pero los indicadores parciales muestran una continuación de la tendencia positiva, especialmente en la industria alimentaria y en el sector de agua y refrescos. La industria tabaquera sigue siendo un sector estratégico con más de 5.000 empleos directos e indirectos y una demostrada capacidad de adaptación.

–Imagino que es precisamente aquí donde se justifica el AIEM, una figura que en su asamblea queda claro que es irrenunciable. Sin ella moriría la industria.

–El AIEM es la medida de una política económica, que hace posible que la industria canaria pueda existir en un mercado abierto. Permítame explicarlo con claridad porque a veces se malinterpreta. Una empresa industrial en Canarias tiene costes que una empresa en Madrid o Barcelona simplemente no tiene. El transporte marítimo de materias primas encarece su aprovisionamiento entre un 15% y un 30% respecto a una empresa continental. El tamaño del mercado, limitado a unos 2.5 millones de consumidores, y la fragmentación del mercado en ocho islas reduce sus economías de escala. La dependencia de flotas de barcos para distribuir en el mercado local añade costes que una empresa peninsular no asume. Esos son costes estructurales permanentes que ningún directivo, por eficiente que sea, puede eliminar. Son el coste de producir en un archipiélago ultraperiférico. El AIEM lo que hace es crear una diferencia arancelaria entre el producto elaborado en Canarias y el producto importado equivalente, de forma que esa diferencia compense parcialmente esos sobrecostes estructurales. No da ventaja a la industria local: le permite acercarse a la posibilidad de competir en igualdad de condiciones respecto de las industrias continentales y de integrarse en el mercado único europeo. Sin el AIEM, el producto importado llega al mercado canario con un coste estructuralmente inferior al del producto local, no porque sea más eficiente, sino porque no ha de incurrir en esos sobrecostes estructurales que implica producir en Canarias. ¿Moriría la industria sin él? No de un día para otro, pero sí de forma progresiva e irreversible. Las empresas menos eficientes cerrarían primero. Las más consolidadas, seguramente resistirían más tiempo, pero acabarían cediendo. Y una vez que el tejido industrial se desmantela, reconstruirlo es prácticamente imposible. Las instalaciones se pierden, el capital humano emigra, el conocimiento se va. El AIEM no es solo un instrumento fiscal: es la condición de posibilidad de la industria canaria.

–Al mismo tiempo, lo defienden pero están a favor de una revisión. ¿Se lo han planteado al Gobierno? ¿Sentarse y analizarlo al detalle?

–Sí, y es una posición que puede parecer contradictoria pero que tiene una lógica muy clara. Defender el AIEM no significa defender el AIEM tal como está hoy, congelado en una configuración que en muchos aspectos refleja la realidad industrial de hace quince o veinte años. Defender el AIEM significa defender el principio que lo justifica: la compensación de los sobrecostes estructurales de la industria canaria. Y ese principio exige que el instrumento se actualice. Hay productos en el listado AIEM que ya no existen o cuya producción local es residual. Hay actividades industriales que han crecido en los últimos años y que no están contempladas en el marco actual. Hay tipos de compensación que fueron fijados con criterios históricos y que no reflejan los sobrecostes reales de hoy. Una revisión honesta y técnica del AIEM no debilita el instrumento: lo fortalece porque lo hace más defendible ante la Comisión Europea y más eficaz para el sector. Lo que hemos planteado al Gobierno de Canarias es precisamente eso: sentarse con rigor técnico, con datos actualizados, con una evaluación de impacto real subsector a subsector, y rediseñar el instrumento para que cumpla mejor su función. No para reducirlo: para mejorarlo. La revisión que pedimos incluye tres elementos: actualización dinámica del listado de productos con criterio anual, ajuste de los tipos de compensación a los sobrecostes reales actuales, y ampliación a actividades industriales emergentes no contempladas hoy. El Gobierno de Canarias ha mostrado disposición para ese trabajo técnico. Lo importante es que ese proceso no se quede en un ejercicio burocrático: tiene que producir una propuesta que ASINCA pueda respaldar y que el Gobierno pueda defender en Madrid y en Bruselas con solvencia.

–¿Abogan también por reforzarlo en el REF? ¿De qué manera?

–El AIEM es parte del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, pero su posición dentro de ese régimen necesita reforzarse en la reforma que está en marcha. Y cuando decimos reforzarlo en el REF, hablamos de varias dimensiones. Primera: dotarlo de una base legal más sólida en el nuevo texto del REF que haga más difícil su cuestionamiento futuro, tanto desde Madrid como desde Bruselas. El AIEM tiene su cobertura en el artículo 349 del TFUE, pero la traducción de esa cobertura al derecho español y al reglamento europeo específico debe ser lo más robusta posible. Segunda: establecer mecanismos de actualización automática del listado y los tipos, evitando que el instrumento quede congelado por la inercia administrativa durante períodos prolongados como ha ocurrido en el pasado. Si el AIEM necesita una revisión técnica cada vez que se actualiza, el proceso es tan lento que el instrumento pierde eficacia. Necesita un mecanismo de actualización ágil y reglado. Tercera: ampliar su ámbito de aplicación para cubrir sectores emergentes y actividades de mayor valor añadido que la actual configuración no contempla. La industria canaria está evolucionando hacia sectores con mayor componente tecnológico y de innovación, y el AIEM debe poder acompañar esa evolución. En paralelo, el REF en su conjunto necesita mejoras que complementan al AIEM. La RIC, la Reserva para Inversiones en Canarias, debe ampliarse con nuevos ámbitos de materialización que favorezcan la inversión en digitalización e innovación. Y deben crearse incentivos fiscales específicos para la industrialización que vayan más allá de los instrumentos genéricos del régimen actual.

–Entre sus planes está el avanzar con el turismo para que realicen más compras al sector industrial. ¿Qué prevén realizar?

–La alianza entre industria y turismo es probablemente la oportunidad económica más grande e infra explotada que tiene Canarias. Canarias recibió más de 16 millones de turistas en 2024. Cada uno de esos visitantes es un consumidor potencial de productos elaborados en Canarias. La industria canaria no ha sabido, ni ha podido, aprovechar suficientemente ese canal, y tenemos la responsabilidad de cambiarlo. El problema tiene varias dimensiones. La primera es de conocimiento: los establecimientos hoteleros, restaurantes y bares en destinos turísticos canarios utilizan masivamente productos importados cuando podrían utilizar equivalentes locales de igual o superior calidad. En algunos casos, la razón es el precio. En otros, es simplemente que nadie les ha presentado la alternativa local de forma sistemática y con las garantías de suministro que necesitan. La segunda dimensión es de escala y regularidad: la hostelería necesita volúmenes regulares, tiempos de entrega garantizados y calidad homogénea. Algunas empresas industriales canarias no siempre han podido ofrecer esas garantías de forma sistemática. Pero eso está cambiando. Las acciones concretas que prevemos son las siguientes. Primero, constituir una mesa de trabajo industria-turismo con participación de ASINCA, la Federación de Hostelería y Turismo (Feht), Ashotel, Asolan y los Cabildos insulares, para identificar oportunidades concretas de sustitución de producto importado por local en la hostelería canaria. Segundo, impulsar el sello ‘Canarias en tu mesa’ para establecimientos hosteleros que superen un umbral de uso de producto canario. Ese sello podría explotarse como valor diferenciador por parte del establecimiento y crear un incentivo real para el cambio. Tercero, trabajar para integrar la marca Elaborado en Canarias en la estrategia turística oficial del archipiélago, con presencia en aeropuertos, hoteles y puntos de información turística. Hay una oportunidad adicional que a menudo se pasa por alto: el turista como embajador del producto canario fuera de Canarias. Un visitante que prueba un producto elaborado aquí y lo lleva de vuelta a su país de origen es publicidad internacional que no tiene precio.

–¿Reclaman una Ley de Industria de Canarias? ¿Para qué? ¿Qué hay que regular exactamente?

–Sí, Canarias es una de las pocas comunidades autónomas que no tiene una Ley de Industria propia. Esa ausencia no es solo un vacío normativo: es una señal inequívoca de la prioridad real que el sector ha tenido en la agenda política canaria durante demasiado tiempo. ¿Para qué sirve una Ley de Industria? Fundamentalmente, para cuatro cosas. Primera, para dotar al sector de seguridad jurídica. Hoy las empresas industriales se mueven en un marco normativo disperso, con regulaciones sectoriales distintas, competencias compartidas entre la Comunidad Autónoma y los Cabildos que no siempre están bien coordinadas, y ausencia de criterios claros para la resolución de conflictos entre la actividad industrial y otras actividades económicas o usos del suelo. Segunda, para establecer un marco de planificación industrial coherente y estable. La Estrategia de Desarrollo Industrial de Canarias 2022-2027 existe, pero sin base legal clara su implementación depende demasiado de la voluntad política de cada momento. Una ley ancla esa estrategia en el ordenamiento jurídico. Tercera, para reducir la burocracia. Una Ley de Industria puede establecer plazos máximos vinculantes para autorizaciones, silencio administrativo positivo en determinados supuestos, ventanilla única para las empresas industriales y mecanismos de resolución ágil de conflictos. Eso tiene un impacto directo y mensurable sobre la competitividad de las empresas. Cuarta, para atraer inversión. Cuando un inversor externo evalúa dónde localizar una actividad industrial, uno de los factores que valora es la estabilidad y claridad del marco legal. Un territorio con Ley de Industria transmite seriedad institucional y compromiso con el sector productivo. Sin esa ley, estamos en desventaja frente a otras regiones europeas que sí la tienen. Lo que hay que regular exactamente incluye: el estatuto jurídico del empresario industrial en Canarias, los procedimientos simplificados de implantación y ampliación de actividades, los derechos y obligaciones de las empresas respecto al suelo industrial, el marco de incentivos específicos para la industrialización, y los mecanismos de coordinación entre administraciones para evitar la fragmentación competencial que hoy lastra la gestión industrial.

–También plantean un plan de suelo industrial. ¿Persisten los problemas de siempre? ¿Falta de terreno y caro? ¿O hay más cosas? ¿Están todas las islas igual?

–Los problemas de siempre persisten, sí. Pero hay problemas nuevos o agravados que hacen la situación más compleja que hace cinco o diez años. El problema clásico de escasez y precio sigue siendo real. En las islas capitalinas, Gran Canaria y Tenerife, el suelo industrial disponible es escaso, está mayoritariamente en manos privadas a precios que se han multiplicado en los últimos años, y los polígonos industriales existentes muestran en muchos casos niveles de obsolescencia que requieren inversión en rehabilitación. Una empresa que quiere crecer o instalarse tiene pocas opciones y las que hay son caras. El problema nuevo o agravado es normativo. La Ley 4/2017 del Suelo y Protección del Medio Natural ha introducido elementos que generan incertidumbre jurídica significativa para el sector industrial. Los procedimientos de clasificación, desarrollo y gestión de suelo industrial son excesivamente complejos, con plazos que en muchos casos superan los cinco años desde que se inicia el proceso hasta que hay suelo disponible. Cinco años es un horizonte de planificación incompatible con las decisiones de inversión industrial.

¿Están todas las islas igual? No, y eso es importante subrayarlo. En las islas capitalinas el problema es de precio y obsolescencia. En las islas no capitalinas, el problema es diferente: hay suelo potencialmente disponible pero los procedimientos de clasificación son igualmente lentos, la infraestructura de servicios en los polígonos es deficiente, y la distancia a los puertos y aeropuertos añade costes logísticos adicionales que desincentivan la localización industrial. La demanda concreta de ASINCA es un Plan de Suelo Industrial de Canarias con dotación presupuestaria suficiente y compromisos concretos de los Cabildos como actores fundamentales en la gestión del suelo en sus respectivas islas. Ese plan debe identificar las necesidades reales por isla y subsector, clasificar nuevo suelo en los municipios con mayor déficit, urbanizar con las infraestructuras necesarias y establecer mecanismos de cesión o arrendamiento a precios accesibles para pymes industriales. También planteamos la rehabilitación de polígonos industriales degradados. En varias islas hay polígonos que llevan años con instalaciones obsoletas, empresas que han cerrado y solares improductivos. Recuperar eso es más rápido y eficiente que clasificar nuevo suelo.

–La energía aparece en su Plan de Acción como el problema más urgente para la industria canaria. Canarias depende en un 90% de combustibles fósiles. ¿Cómo puede resolver eso un sector industrial que no construye centrales eléctricas?

–Es verdad que no construimos centrales, pero la industria canaria tiene una palanca inmediata y muy potente que aún no ha explotado suficientemente: el autoconsumo con energía renovable. Instalar paneles solares fotovoltaicos y sistemas de almacenamiento en los propios polígonos industriales y naves puede reducir el coste energético de una empresa entre un 30% y un 60%. Eso no es un proyecto de futuro: es tecnología disponible hoy, probada y con retornos de inversión en menos de cinco años en muchos casos. El problema es que instalar esas instalaciones en Canarias puede llevar hasta dos años de trámites administrativos. Dos años para pedir permiso para instalar paneles en tu propia nave. Eso es indefendible. Una empresa que quiere reducir su factura eléctrica hoy mismo no puede esperar dos años a que la administración le dé el visto bueno. Por eso exigimos la agilización urgente de los procedimientos de autorización de instalaciones de autoconsumo industrial, con plazos máximos vinculantes. Además del autoconsumo, pedimos dos cosas concretas. Primera, una línea de ayudas específica para autoconsumo y almacenamiento energético industrial en polígonos, con especial atención a las islas no capitalinas donde el diferencial de coste eléctrico es aún mayor. Segunda, tarifas de acceso diferenciadas para las industrias canarias que reconozcan el sobrecoste estructural de los sistemas eléctricos insulares frente a los sistemas interconectados peninsulares. No pedimos subsidio: pedimos que la tarifa refleje la realidad. Y hay una tercera dimensión que tiene mucho potencial: la participación de ASINCA en el diseño de la Estrategia de Hidrógeno Verde de Canarias. El hidrógeno verde tiene aplicaciones industriales muy concretas en sectores como la química, los materiales y la alimentación. Si Canarias desarrolla esa capacidad, la industria local puede ser la primera en beneficiarse. Pero para eso la industria tiene que estar en la mesa de diseño desde el primer momento, no llegar cuando las decisiones ya están tomadas.

Fuente: Canarias7 - Especial Elaborado en Canarias (20/06/2026)