En el Boletín Oficial del Estado, BOE nº 44 del día 21 de febrero, se ha publicado la Ley 1/2023, de 20 de febrero, de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global.

Esta Ley que se compone de 5 capítulos recoge entre otras cuestiones el mandato de alcanzar el compromiso acordado por la Unión Europea de que los países miembros destinen el 0,7% de la renta nacional bruta a la Ayuda Oficial al Desarrollo (ADO) en 2030.

La nueva Ley fortalece la gobernanza del sistema de la Cooperación Española con la mejora de los instrumentos de coordinación, concertación y colaboración entre actores. En particular, apuesta por reforzar el papel de la cooperación descentralizada, una de las señas de identidad y fortalezas de la Cooperación Española. Por un lado, la acción de las comunidades autónomas se desarrollará según sus respectivos Estatutos de autonomía y leyes autonómicas. Por otro, se da acceso a las Comunidades Autónomas a participar en programas de cooperación delegada de la UE, en los términos que establezca la legislación comunitaria y de modo consensuado con el Estado, y de otros organismos multilaterales.

En lo que respecta a las empresas, el artículo 39 hace referencia al sector privado empresarial y economía social, fomentando las alianzas público-privadas entre los órganos ejecutores de la cooperación española contemplados en esta ley y el sector privado empresarial y las entidades de la economía social, para el cumplimiento de los ODS en los países socios de la cooperación y la difusión de buenas prácticas españolas en materia de sostenibilidad, mediante la mejora de las cadenas de valor, el suministro de bienes y servicios, la asistencia técnica (incluida la realizada por empresas consultoras), la cooperación financiera, la inversión de impacto, la investigación y la innovación para el desarrollo sostenible, la defensa del medio ambiente y los derechos humanos y laborales, y el fomento de la participación social en la cooperación al desarrollo sostenible, sin perjuicio de otros ámbitos de actuación.

Los concursos y procesos de licitación de obras, suministros o servicios de las actividades de la cooperación española estarán abiertos al sector privado y a otros actores, como las ONGD. En la medida que contemplen objetivos específicos de tipo medioambiental, social u otros, estos incluirán tanto en las especificaciones técnicas como en los criterios de adjudicación y en las condiciones especiales de ejecución los aspectos sociales, medioambientales y de derechos humanos del proceso de producción y comercialización referidos a las obras, suministros o servicios que hayan de facilitarse con arreglo al contrato de que se trate.

Esta noticia se ha generado como parte de las acciones desarrolladas en la Campaña de promoción de la sostenibilidad y la Industria 4.0 en el Sector Industrial, proyecto subvencionado por la Consejería de Turismo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias.